Alarma: el peligro de la privatización

Artículo publicado en Diagonal

El 3 de diciembre, los controladores aéreos de distintos aeropuertos españoles se ausentaron de sus puestos de trabajo, ocasionando el consiguiente caos aéreo, el cual a su vez hizo que el Gobierno español declarase el estado de alarma. Hay una serie de datos que hay que tener claros para entender el conflicto.

El primero es que a lo largo de 2010, mientras se negociaba el convenio colectivo, el Gobierno aprobó nueve decretos que regulaban las condiciones laborales de los controladores, siempre en contra de este colectivo de trabajadores. El segundo es que en caso de que el sindicato USCA decidiera convocar una huelga, los servicios mínimos que se han de prestar son del 120%, es decir, tiene que haber un 20 % más de gente trabajando que en una jornada normal. El tercer dato es que un día antes del conflicto, el Gobierno decidió privatizar parte de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena), lo cual abre (o quizás cierra) el debate sobre la privatización de la gestión del espacio aéreo. El cuarto y último dato, es que el Gobierno declaró el estado de alarma para asegurar la gestión del tráfico aéreo… un servicio público que quiere privatizar.

Privilegiados sí, pero…

El colectivo de los controladores aéreos siempre ha sido visto como privilegiado, y es cierto que disfruta de unos salarios bastante abultados. Su sindicato mayoritario es corporativista y no se ha sumado a otras luchas como la huelga general del 29-S, no obstante conviene analizar lo que ha ocurrido este año:

El Gobierno ha ampliado la jornada de trabajo básica de 1.200 horas a 1.760 horas anuales (las horas que trabajaron los controladores aéreos de media en 2009), esto, aparte de un considerable aumento de horas de trabajo, ha supuesto una reducción de sueldo del 41%, cobrando de media 3.500 euros brutos mensuales. Ante esto surge la duda de por qué no se convocan mas plazas de controladores para que éstos no tengan que hacer 560 horas extras, pero sí se aprueban reales decretos que imponen estas regulaciones laborales.

Además de esto, hay que tener en cuenta la definición de actividad aeronáutica, que hace uno de los reales decretos, según la cual las horas de trabajo a contabilizar al año no incluyen periodos de formación, permisos sindicales o, simplemente, baja médica.

Estas medidas contra este colectivo son un atropello a sus derechos laborales y sindicales, una irresponsabilidad por parte de un Gobierno que precariza la gestión del espacio aéreo. Por mucho que se centre este conflicto en que la gente no se ha podido ir de puente, hay otro problema de fondo: la privatización del espacio aéreo.

Política de transportes

La misión de Aena, tal como fija el artículo 1 de su Estatuto, tiene como misión “contribuir al desarrollo del transporte aéreo en España y garantizar el tránsito aéreo con seguridad, fluidez, eficacia y economía, ofreciendo una calidad de servicio acorde con la demanda de clientes y usuarios, en el marco de la política general de transportes del Gobierno”.

La privatización de Aena significa la precarización de las condiciones laborales de sus empleados (no solamente controladores aéreos), así como la explotación de sus recursos para sacar el máximo beneficio de su servicio, haciendo que quede en un segundo plano el objetivo anteriormente citado.

Hay sectores que repercuten en el bienestar o en la seguridad de los ciudadanos, o que se consideran estratégicos desde el punto de vista de seguridad de un Estado y que deberían ser protegidos, como son la sanidad, la educación o el sector energético.

Pero hay otro de características similares, y éste es el caso del espacio aéreo. Un claro ejemplo del deterioro de estos sectores en manos privadas fue la privatización del servicio ferroviario en Reino Unido: la entrada de subcontratas que precarizaron las condiciones laborales de las plantillas, así como de los medios con los que contaban para trabajar, hicieron que la seguridad dejase de ser un elemento esencial, cambiándolo por el beneficio, y aumentando así no sólo los accidentes laborales sino también los accidentes ferroviarios.

Cojamos un tren, saquémosle de un circuito cerrado bidimensional llamado coloquialmente “vías”, pongámosle alas, hagamos que sea capaz de viajar aproximadamente a 900 km/h, llamémosle “avión” y hagamos que en las fases más críticas de su recorrido, despegue y vuelo (por no hablar del espacio aéreo disponible en cada vuelo), la prioridad no sea que se haga en condiciones seguras: espacio aéreo suficiente para maniobrar, condiciones meteorológicas favorables, certificación de que se ha llevado un mantenimiento adecuado, tiempo de descanso para los controladores aéreos, etc., sino que el criterio sea que más aviones lleguen al aeropuerto para poder cobrar más.

¿Cuál puede ser el resultado? Pues simplemente que algunos cientos de muertes pueden hacer que este servicio una vez privatizado sea rentable para una serie de socios capitalistas.

A esto le añadiría la práctica de algunas líneas aéreas de volar con el combustible indispensable, lo que hace que, al acercarse al aeropuerto con poco combustible en sus depósitos, se declare aterrizaje de emergencia y se le dé prioridad a ese avión. ¿Se imaginan que espectáculo? La aeronáutica es algo muy serio, por favor no juguemos con estas cosas.

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